GENERAL HUGO CHÁVEZ FRÍAS

MILITAR POPULISTA O DEMÓCRATA AUTOCRACISTA?

Por Augusto Scarella Arce


(Condensado del International Crisis Group)

Con una pronunciada barriga, señal de que los ejercicios militares ya no son su guía, Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, enfrenta no pocos problemas al querer extender su revolucionaria idea "bolivariana" a un hemisferio que; salvo el acuerdo extraprotocolar de repeler las redes del llamado, "Imperio del Norte", no inquietan las resoluciones de los tradicionalmente adormilados paises sudamericanos.

Tras ocho años en el poder, el presidente Hugo Chávez fue reelegido por una votación abrumadora en diciembre de 2006. Provisto de abundantes recursos petroleros, reafirmado por los altos índices de popularidad y en el inicio de un período de seis años, Chávez manifiesta su confianza con respecto al avance de lo que denomina su Revolución Bolivariana –por Simón Bolívar, el héroe de la independencia nacional– y a la instauración de su “socialismo del siglo XXI”, cuyo significado aún no ha definido con precisión.

Sin embargo, tanto en Venezuela como en gran parte del hemisferio existe la preocupación de que, para lograr esto, el ex coronel y ex líder golpista podría estar dispuesto a sacrificar los principios democráticos. Todavía no se le puede llamar dictador y en términos generales no ha tratado de actuar de manera dictatorial, pero manifiesta una marcada tendencia hacia la autocracia. Si sigue reforzando su poder personal a expensas de otras instituciones y militarizando gran parte del gobierno y la vida política, correrá el serio riesgo de propiciar un conflicto interno, sobre todo si la bonanza petrolera que apuntala la economía pierde fuerza.

Chávez ha venido reestructurando el país desde que fue elegido por primera vez en 1998. Un año después de su triunfo, impulsó la promulgación de una nueva Constitución que desmanteló el concierto de los dos partidos tradicionales que dominó al país durante casi dos generaciones, y lo reemplazó por una democracia “participativa“ basada en la relación directa del presidente con el pueblo. El Congreso dejó de ser bicameral y se convirtió en una Asamblea Nacional unicameral, cuya composición es exclusivamente chavista desde que la muy fragmentada oposición boicoteó imprudentemente las elecciones legislativas de diciembre de 2005.

Los frenos y equilibrios tradicionales sobre el poder ejecutivo prácticamente han desaparecido en la medida en que instituciones estatales claves como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas han ido cayendo progresivamente bajo el control del presidente y sus más leales seguidores, con oficiales militares, tanto en servicio activo como reservistas, desempeñando muchos cargos normalmente ocupados por civiles. En los barrios pobres se han lanzado ambiciosos programas de servicio social denominados “misiones”, lo cual ha ayudado a granjearle al gobierno apoyo popular. El control estatal de la economía, y no sólo del crucial sector petrolero, ha aumentado, al igual que la presión sobre las ONG y los medios de comunicación de la oposición.

La polarización política ha alcanzado proporciones históricas, con las élites tradicionales y buena parte de la clase media oponiéndose a estos cambios profundos en varias elecciones y en protestas callejeras. Durante sus primeros cinco años en el poder Chávez afrontó varios intentos de deponerlo, tanto por la vía constitucional como por la inconstitucional. En abril de 2002 y a finales de 2003, capoteó primero un golpe de Estado y luego un prolongado paro nacional, y en agosto de 2004 emergió victorioso de un referéndum revocatorio. Apuntalado por su triunfo en el referéndum y por los altos precios del petróleo, desde entonces ha estado a la ofensiva. En enero de 2007, la Asamblea Nacional promulgó sin mucho debate una ley habilitante que le otorga al presidente poderes legislativos de amplio alcance durante dieciocho meses.

La oposición política está marginada por el momento, no sólo por los intentos de Chávez de restringir su capacidad de operación sino también por sus propias rencillas internas. No obstante, el futuro plantea serios retos. El excesivo gasto gubernamental ha incrementado la deuda, y la inflación es la más alta del hemisferio. Si los precios del petróleo bajan más y la producción de la empresa petrolera estatal –PDVSA– disminuye, habrá que recortar algunos programas sociales generosos impulsados por intereses ideológicos. Ha aumentado el descontento por la corrupción en el sector público y por los altos índices de criminalidad y narcotráfico. La incertidumbre que genera la inflación se ve agravada por la reciente escasez de algunos alimentos en las tiendas y los mercados.

La proliferación de grupos armados también podría tornarse problemática. Muchos grupos chavistas, sobre todo en Caracas, tienen acceso a armamento, en tanto que otros grupos establecidos por el gobierno como el Frente Francisco Miranda, una organización civil compuesta por jóvenes que fueron enviados a Cuba para recibir capacitación ideológica, pronto también recibirán armas. La Guardia Territorial y la Reserva Nacional, creadas durante el gobierno de Chávez, funcionan por fuera de la cadena de mando militar usual y le responden directamente al presidente. Existe la preocupación de que algunos de los grupos armados terminen transformándose en mafias criminales. Chávez también tendrá que enfrentar las fisuras cada vez mayores surgidas en sus propias filas respecto a la dirección que debe tomar su revolución.

La probabilidad de que la polarización social y las tensiones en aumento se traduzcan en violencia dependerá en buena medida de la prudencia con que actúe Chávez en un momento de triunfo, sobre todo para:

• Limitar el uso de los poderes de amplio alcance que le otorgó la Asamblea Nacional con el fin de evitar mayores daños a los frenos y equilibrios institucionales, y respetar las obligaciones contraídas por Venezuela con la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos.
• Garantizar el funcionamiento pleno de una Fiscalía General, una Contraloría General y una Defensoría del Pueblo independientes del ejecutivo, como contempla la Constitución de 1999.
• Redoblar los esfuerzos por mejorar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de programas sociales y de infraestructura, combatiendo la inflación y los déficits fiscales y evitando un control estatal excesivo de la economía.
• Detener la proliferación en el país de grupos armados ajenos al control de las fuerzas militares regulares y de las fuerzas profesionales de policía.